Publicado originalmente en El Nuevo Diario el 5 de noviembre de 2026.
El Código Civil dedica un título entero, casi doscientos artículos, a los bienes de los casados. A los de quienes conviven sin casarse no les dedica ni uno, y tampoco lo hace ninguna otra ley, aunque la unión libre es hoy, según las encuestas de hogares de la ONE, la forma más común de convivencia en pareja entre nosotros, y probablemente lo ha sido desde siempre.
La diferencia no es solo de cantidad. En el matrimonio, la autonomía de la voluntad es amplia: los futuros esposos eligen su régimen, desde la comunidad de bienes hasta la separación absoluta de activos y pasivos, siempre que lo pacten ante notario antes de casarse, pues después el acuerdo ya no admite variación. A falta de pacto, rige la comunidad legal. En la unión libre, las reglas existen, pero las han construido la Constitución y, sobre todo, los tribunales. De eso se ocupan las líneas que siguen.
De la ilicitud al reconocimiento
Durante mucho tiempo el derecho dominicano negó efectos jurídicos al llamado concubinato. El propio tribunal supremo lo admitió en 2001: «tradicionalmente esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación ha sostenido el criterio de que las uniones no matrimoniales, consensuales, libres o de hecho, no podían presentar, en razón de su irregularidad misma, el carácter de un interés legítimo, jurídicamente protegido». Ese criterio descansaba, dijo, «en la concepción de que la unión consensual constituye un hecho ilícito».
En esa misma sentencia, la núm. 44 del 17 de octubre de 2001, el tribunal abandonó esa doctrina. Partió de una premisa: «un hecho es ilícito en la medida en que transgreda una norma previa establecida por el legislador». Y constató que la unión consensual «ya se encuentra prevista, considerada o aceptada por el legislador en el ordenamiento legal como una modalidad familiar». Así lo hacían el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código de Trabajo. Con ese razonamiento, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia admitió que la compañera de un hombre fallecido en un accidente de tránsito reclamara reparación por su muerte. No se trataba todavía de repartir bienes, sino de reconocer que la unión de hecho es una relación jurídicamente relevante. El fallo fijó además los requisitos que debe reunir esa unión para ser reconocida, entre ellos la convivencia pública y notoria, la estabilidad y la singularidad.
Ese reconocimiento, sin embargo, no significó todavía presumir una comunidad de bienes. Cuando uno de los convivientes reclamaba bienes, la Suprema Corte encauzaba el reclamo como una sociedad de hecho. En su sentencia núm. 6 del 9 de noviembre de 2005 lo explicó en estos términos: cuando los concubinos han aportado recursos «de índole material o intelectual en la constitución o fomento de un patrimonio común, lo que en realidad se forma entre ellos es una sociedad de hecho, la cual puede ser establecida por cualquier medio de prueba». La partición era posible, pero los aportes había que acreditarlos; en aquel caso, la demanda se rechazó porque la conviviente no había depositado prueba alguna. Lo mismo ocurría en Francia y en Colombia antes de que sus leyes regularan la convivencia. Los tribunales exigían demostrar los elementos de una sociedad, como la voluntad de asociarse y la participación en beneficios y pérdidas, y la vida en común, por larga que fuera, no bastaba. En un caso francés de 1995, treinta años de convivencia resultaron insuficientes.
De la Constitución a la presunción
En 2010, la Constitución dio a estas relaciones una protección de primer orden. Su artículo 55.5 establece que «la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley».
A resultas de la consagración constitucional, la Suprema Corte cambió de rumbo. En 2011 lo dijo con todas las letras: «con la proclamación de nuestra reciente Constitución el 26 de enero de 2010, ha debido replantear el criterio adoptado hasta el momento». Admitió que el trabajo doméstico también contribuye al patrimonio común y, en consecuencia, dejó de exigir al conviviente que probara sus aportes. En 2012 fue más lejos. Sostuvo que, comprobada una relación de concubinato more uxorio (es decir, a la manera de los casados), «existe una presunción irrefragable de comunidad entre los concubinos». La presunción era absoluta: probada la unión, los bienes se tenían por comunes, y el otro conviviente no podía demostrar lo contrario. Una sentencia de 2013 lo reiteró.
En octubre de 2020, con acertado sentido jurídico, la Suprema Corte abandonó ese carácter absoluto en dos sentencias: la núm. 32-2020 de las Salas Reunidas y la núm. 1683/2020 de la Primera Sala. Los bienes fomentados durante la unión se siguen presumiendo de ambos, pero quien sostenga que alguno es solo suyo puede ahora probarlo. La Corte cuidó las palabras: la presunción no descansa en el régimen de comunidad legal, que el Código reserva a los casados, sino directamente en la Constitución, y lo que presume es una copropiedad sobre esos bienes. Y reafirmó que el trabajo doméstico es una forma de contribución, de modo que no hace falta probar un aporte en dinero.
Las razones del cambio importan tanto como el cambio. La Corte explicó que igualar del todo la unión libre al matrimonio «aniquilaría toda libertad de las personas para diseñar su estilo de vida», y señaló una paradoja: en el matrimonio la comunidad ni siquiera se presume de modo absoluto, porque los esposos pueden probar que pactaron separación de bienes; a los convivientes, en cambio, el criterio anterior les cerraba toda prueba. La decisión no fue unánime. Cuatro jueces, Justiniano Montero, Samuel Arias Arzeno, Napoleón Estévez Lavandier y Francisco Jerez Mena, salvaron su voto para pedir que la Corte fijara un plazo mínimo de convivencia, como hacen otros países de la región: sin él, advirtieron con razón, cada tribunal decidiría por su cuenta cuándo una unión es estable, y la jurisprudencia perdería unidad. La mayoría prefirió dejar la estabilidad a la apreciación de cada tribunal, caso por caso. El punto quedó pendiente, y la última palabra la tendrá el legislador o, mientras no la diga, la propia Corte cuando el próximo caso se lo permita.
En dos décadas, la unión libre pasó de ser un hecho ilícito a generar una presunción de copropiedad. Pero presumir no es igualar. En qué se parece esa copropiedad a la comunidad del matrimonio, en qué se distingue y cómo pueden los convivientes ordenar sus bienes mediante un acuerdo son las preguntas de la segunda entrega.